Luis Velásquez C.
El gobierno está decidido a ir de prisa en su deseo de frenar la
creación de nuevas universidades. Ayer, el presidente Alan García dijo
que el proyecto de ley donde se sustenta esta propuesta ya se halla en
manos del Congreso, donde el camino hacia su aprobación se presentaría
corto y llano, pues el presidente de la Comisión de Educación, Werner
Cabrera –a donde el proyecto irá para su debate–, adelantó que apoya la
iniciativa.
Cabrera saludó además que el Consejo de Ministros coincida con la
Comisión de Educación, en suspender el decreto legislativo 882 que se
dio en el régimen de Fujimori y que promovió la inversión privada en la
educación.
No existe control
Pero sigamos con García. En su encuentro con la prensa, el mandatario
no solo respaldó el proyecto de suspender la creación de nuevas
universidades, sino que además criticó que a la fecha no exista un
organismo que supervise y evalúe el funcionamiento de las entidades ya
existentes. Asimismo, consideró como un exceso que el Perú tenga 98
universidades, junto con 400 filiales y sucursales en las principales
ciudades del interior.
En la víspera, el primer ministro, Javier Velásquez Quesquén, había
anunciado que el proyecto de ley iba a ser revisado por el Ministerio de
Educación, para luego recién ser enviado al Congreso, trámite que
parece haber sido cumplido en las últimas horas.
“(El proyecto de ley) ya está enviado al Congreso, porque se
considera que tener 98 universidades y 400 filiales es un exceso.
Nadie está supervisando cuál es la calidad de lo que se dicta ahí”,
arguyó Alan García al momento de referirse al tema.
“Entonces, debe haber mucho artificio y lo que he pedido es que en
ese proyecto de ley no solamente se frene la creación de nuevas
universidades, porque 400 filiales y sucursales, hasta en Desaguadero
(Puno), es un exceso y resulta un engaño”, enfatizó.
El proyecto de ley en mención propone suspender la creación de nuevas
universidades en tanto dure el proceso de acreditación y evaluación a
las actuales instituciones educativas, labor que estará a cargo del
Consejo Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la
Calidad de la Educación Universitaria (CONEAU).
En este proceso se incluirá también la revisión del sistema de
estudios a distancia, con el propósito de garantizar que las ofertas
educativas de las universidades se hagan con la calidad debida.
“Con entusiasmo de crear, a veces con afán mercantilista, y pasar por
agua tibia a cualquier estudiante para que pague el semestre, no vamos a
ninguna parte. Estamos engañando a los muchachos”, refirió García
Pérez.
“La evaluación debe ser nacional e internacional en el sentido de la
acreditación, es decir, toda educación exige tener ciertos niveles en la
calidad. Perú tenía 35 universidades en 1990 y hoy nos encontramos con
98, con 400 filiales y sucursales. Yo no me puedo quedar tranquilo
porque es un engaño en muchos sectores”, añadió.
Universidades en crisis
Al respecto, el presidente de la Asamblea Nacional de Rectores
(ANR), IvánRodríguez Chávez, indicó que las medidas planteadas por el
gobierno podrían ser el comienzo del proceso para revertir la critica
situación de muchas universidades del país.
Consideró, además, que no deben crearse más universidades nacionales,
porque su situación es de carencia. Finalmente, señaló que se debe
suspender la creación de filiales universitarias “porque si no el
problema subsistiría”.
Carreras sin futuro laboral
La congresista Mercedes Cabanillas señaló que la propuesta del
gobierno de frenar la aparición de nuevas universidades “es una forma
seria de responder ante la proliferación de universidades privadas que
no responden técnica ni científicamente a las exigencias ni a las
necesidades del país”.
Cabanillas Bustamente recordó que a partir del DL 882 “Ley de
Promoción de la Inversión en Educación”, muchas universidades privadas
crecieron ofreciendo carreras de escasa inversión en infraestructura,
laboratorios y talleres, y cuyos egresados no hallan trabajo fácilmente,
porque son carreras saturadas.
El mencionado decreto ley fue promulgado durante el gobierno de
Alberto Fujimori, en 1996, precisó el parlamentario Werner Cabrera,
presidente de la Comisión de Educación, quien dijo que la crisis
universitaria se debe a la vigencia del citado dispositivo legal.
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