El testamento de Julio C. Tello y la resolución del siglo XIX firmada por Simón Bolívar deben ser digitalizados cuanto antes
Por Nelly Luna Camacho
Los pasillos del sótano del Palacio de Justicia, donde se guarda una
parte de los documentos del Archivo General de la Nación (AGN), parecen
un laberinto borgiano. Un laberinto formado por decenas de estantes
repletos de documentos y folios, con olor a guardado, que conservan la
memoria escrita de esta olvidadiza nación. Papeles de los siglos XIX y
XX, amarillentos, restaurados o encuadernados, sobresalen en los
anaqueles de metal distribuidos en filas que forman interminables y
estrechos pasadizos, donde la luz apenas llega. El aire es denso; en
este local que corresponde al archivo republicano provoca estornudar
(prohibido para asmáticos, debería decir algún cartel).
La memoria del Perú tendrá la forma de un laberinto, pero la
distancia de una maratón: si colocáramos todos los documentos del AGN,
uno detrás de otro, sus páginas recorrerían 30 kilómetros, una longitud
similar a la que separa al centro de Lima de Lurín.
En los sótanos de Palacio de Justicia (760 metros cuadrados), se
encuentran solo los documentos que van desde 1821 hasta 1950:
testamentos, expedientes judiciales, normas legales, movimientos
migratorios y partidas de nacimiento, incluso la del primer peruano
inscrito en los Registros Civiles, en 1875. En la era en que se idolatra
al documento digital, estos pasillos del Archivo General de la Nación
son el símbolo de la resistencia del papel.
EL LIBRO BECERRO
La firma de Francisco Pizarro parece, en realidad, un simple dibujo: dos eles gigantes garabateadas al apuro. Era un escribano quien luego redactaba el nombre porque –ya se sabe– Pizarro no sabía escribir. En la sala colonial del AGN, el otro local ubicado en el antiguo local del Correo de Lima, se guarda lo que es considerado el primer documento escrito en estas tierras y rubricado por el conquistador: una suerte de bitácora comercial a la que llaman el Libro Becerro. Data del 24 de julio de 1533 y sus hojas fueron hechas a base de algodón e importadas desde España. Solo este primer libro pesa casi 10 kilos.
Este folio conglomera varios documentos de compra y venta y describe
el alto precio que tenían diversos bienes, como los caballos. A
diferencia del archivo republicano ubicado en el sótano del Palacio de
Justicia, aquí la ventilación es menos densa y hay más iluminación. Pero
leer estos documentos requiere de ojos expertos: las letras encadenadas
e irregulares de la época se vuelven ilegibles hoy. Incluso, Ana
Cecilia Carrillo, directora del Archivo Histórico de la AGN, esfuerza la
vista y lee colocando su dedo índice sobre cada renglón.
Este archivo custodia las cartas con las rúbricas más importantes de
esta etapa y de inicios de la república: Garcilaso de la Vega, San
Martín de Porres, Túpac Amaru II, Micaela Bastidas, José de San Martín,
Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y Ramón Castilla.
Y, desde el año pasado, cobija también una serie de manuscritos
devueltos por Chile. Figura una resolución del siglo XIX firmada por
Simón Bolívar, donde nombra a Antonio José de Sucre como general de
Ejército; y un libro de rara belleza: un tratado de esgrima con dibujos
hechos a mano. Ambos textos presentan un sello rojo donde se lee
“Chile”.
EL PRIMER REGISTRO
El primer peruano inscrito en los registros públicos fue hijo de un panadero. Lo sabemos gracias a los Registros Civiles de inicios de la República. Sabemos que Juan Igreda –24 años, repartidor de panes y natural de Canta– registró la partida de nacimiento de su hijo varón, Juan Igreda, nacido en Lima el 27 de diciembre de 1874, el 1de enero del año siguiente. Es el primero del primer libro de registro civil. Hasta entonces, la identificación se limitaba a la partida de bautismo.
El AGN fue, durante muchos años, un organismo público
descentralizado adscrito al Ministerio de Justicia, pero con la creación
del Ministerio de Cultura, pasó a depender de este. Nunca tuvo un local
propio y ahora comparte espacios con el antiguo Correo y con el Poder
Judicial. “No hay conciencia de que el archivo es parte del patrimonio y
de nuestra identidad. El presupuesto es de apenas 4 millones de soles,
cuya gran parte es para el pago de personal. Con lo que queda es
imposible invertir”, dice el jefe de la institución, Joseph Dager.
Los documentos históricos nos permiten reconstruir las pasiones de
nuestros pensadores. En los sótanos del Palacio de Justicia, se halla
también el testamento de Julio C. Tello. En el texto escrito por su
notario se lee: “Casado, de 67 años, inteligente en el idioma
castellano, a quien juzgué en pleno uso de sus facultades, respondió al
preguntarle: ‘Yo no aporté capitales a la sociedad conyugal, salvo mis
libros, en tanto que mi esposa aportó 500 libras esterlinas”’. Los
libros fueron la gran fortuna del sabio.
SIN FONDOS PARA LA DIGITALIZACIÓN
No todos los documentos históricos más importantes del país se encuentran en el AGN. El Acta de la Proclamación de la Independencia se encuentra en el archivo de la Municipalidad de Lima. Lo mismo sucede con otros documentos relevantes pero dispersos en archivos ministeriales, regionales y municipales que disponen de menos recursos para su conservación. Precisamente, una de las debilidades del sistema nacional de archivos es la falta de un inventario nacional que maneje los mismo códigos que el AGN.
Sin inventario nacional y con exiguos presupuestos, el material
histórico es vulnerable al tráfico o a su desaparición, digamos que
forzada. Solo en la última década, Aída Mendoza, coordinadora de la
carrera de Archivística y Gestión Documentaria de la Universidad
Católica Sedes Sapientiae, ha registrado 72 casos de pérdidas de
documentos en instituciones públicas a consecuencia de robos, incendios o
vandalismo.
Según la experta, en archivos del extranjero se están desarrollando
sistemas híbridos: se guarda el documento en papel y lo que se presta al
público es la versión electrónica. ¿Cuán lejano esta el día en que el
Perú digitalizará sus documentos más preciados? “Estamos un poco lejos.
La digitalización es la mejor forma de conservar, pero requiere de mucho
presupuesto”, responde Dager. En el AGN, con el apoyo de la cooperación
internacional se ha digitalizado apenas el 10% de los Registros
Civiles. Pero Joseph Dager es optimista. Cree que ahora el Gobierno
Central y los locales mirarán más de cerca los archivos del país y que
les otorgarán mayores ingresos. Es probable que, así, los archivos y sus
laberintos tengan asegurada una salida.
