Hace 20 años, el Perú suscribió la Convención sobre los
Derechos del Niño, sumándose a los 193 países que adoptaron esta carta
universal y, con ella, el compromiso de proteger a quienes representan
el futuro de nuestras sociedades.
Después de dos décadas, lamentablemente, el balance aún no es
positivo. El desarrollo macroeconómico de nuestro país no ha implicado
necesariamente el respeto por los derechos de los niños peruanos, por
ejemplo, en ámbitos relacionados con su reconocimiento legal, el acceso a
la educación, la salud y la protección contra el abuso y la
explotación.
Se han alcanzado algunos logros, pero también ostensibles fracasos
en los cuatro niveles de protección que establece la convención: rechazo
a la discriminación, garantías para que se cumplan los asuntos que
afectan a la infancia, respeto a los derechos a la vida, la
supervivencia y el desarrollo, así como a las opiniones de los niños.
Según Unicef, los niños han sido siempre los más vulnerables y
desprotegidos en el Perú. En el 2003 se informó que más de 20 mil
menores de 5 años morían cada año por causas evitables. Y del volumen de
personas en extrema pobreza, la mitad eran niños.
Sin embargo, los objetivos del milenio de la ONU
señalaron recientemente que la mortalidad infantil mostraba una
reducción del 68%. Por regiones, la situación es diferente: hay una
diferencia de uno a tres puntos entre Lima e Ica frente a Huancavelica o
Puno.
Asimismo, la desnutrición crónica afecta a más del 20% de los niños
menores de 5 años mientras la anemia golpea al 56,8% de los menores de 3
años. En zonas urbanas ha habido una mejora en el peso de los niños,
pero en las áreas rurales este indicador permanece alto y afecta a un
9,5% de menores de 5 años.
Según los objetivos del milenio, la educación primaria es un
objetivo casi cumplido: la tasa neta de matrícula ha fluctuado entre el
90,6% y el 94,2%, aunque subsisten desniveles en las provincias, lo que
se evidencia en la repitencia y deserción.
La seguridad es un talón de Aquiles. Solo en el 2000, organismos de
gobierno reportaron 5.362 casos de maltrato infantil, de los cuales más
del 70% ocurrieron en el propio hogar. Los padres ocupaban el segundo
lugar (49%) como agresores de sus hijos en abusos que en su gran mayoría
no fueron denunciados.
De esta manera, se repetía un escenario que el Informe de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)
retrató con crudeza, al dar cuenta de que durante el período 1980-2000
los pequeños fueron afectados por situaciones de reclutamiento forzado,
violación sexual, secuestros, desapariciones y asesinatos y ejecuciones
extrajudiciales, entre otras acciones lamentables.
En este terreno, la situación no habría mejorado, sobre todo cuando
informaciones recientes han dado cuenta de la manipulación de niños en
delitos, como el narcotráfico y el terrorismo, así como en conflictos
sociales.
Estos indicadores reflejan, pues, que como país no hemos cumplido
con la Convención de los Derechos del Niño, una deuda pendiente que
exige presupuestos, pero también un enorme compromiso y voluntad
política a favor de la inclusión social.
