En la relación
del grupo Alas Peruanas con el Congreso hay más de un punto oscuro que
debe esclarecerse.
Todo depende de que ambas instituciones tengan la entereza de
explicar al país lo que este quiere saber.
Si hay demasiados saltos sobre el suelo parejo, habría que ponerlo
en el nivel correcto. Si se reconocen demasiados vericuetos, en los que
apenas vemos la punta del hilo, entendamos entonces que no todo puede
encapsularse como hasta hoy.
No se trata solo de despejar la presunción de conflictos de interés
que pudiera alcanzar a algunos parlamentarios, como la que compromete a
vocales supremos que aceptaron invitaciones del grupo a sabiendas de los
procesos judiciales que enfrenta, sino de hasta qué punto la Comisión
de Educación del Congreso y el plenario mismo podrían estar envueltos en
autorizaciones de filiales universitarias, en abierta colisión con la
ley y la Constitución.
En tanto el caso de los vocales supremos Francisco Távara y Jorge
Solís sigue su curso de investigación en el Consejo de la Magistratura,
el presidente del Congreso, Luis Alva Castro, y el rector de la
Universidad Alas Peruanas, Fidel Ramírez Prado, deben tomar al toro por
las astas y facilitar las investigaciones, aclaraciones y precisiones
pertinentes.
El país no se llenaría de denuncias, escándalos ni puntos oscuros si
en verdad funcionaran los mecanismos de transparencia que tanto se
predican y muy poco se practican.
Con una expeditiva transparencia de por medio, todos los peruanos
conoceríamos en el portal del Congreso los pelos y las señales de cada
viaje parlamentario y de la misma manera en el portal del Poder Judicial
el movimiento migratorio de jueces y vocales supremos.
Así estaríamos más cerca de las verdades que de las presunciones y
más cerca de las sanciones que de las comisiones investigadoras
improductivas.
Y más lejos —claro- de la impunidad.
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