18 octubre 2009

Se promulgó ley de improcedencia a beneficios penitenciarios por terrorismo.

El presidente de la República, Alan García Pérez, promulgó ayer la ley que declara improcedentes los beneficios penitenciarios para los condenados por delitos de terrorismo y/o traición a la Patria. No podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación, la semilibertad y la liberación condicional. Asimismo, se deroga el Decreto Legislativo No.927, que regula la ejecución penal en materia de delitos de terrorismo.

Al respecto, el almirante Jorge Montoya en conversación con EXPRESO saludó la promulgación de la ley, sosteniendo que este tipo de medidas brindará mayor seguridad a la sociedad, evitando que la población vea a personas condenadas por terrorismo paseando en las calles antes de tiempo.

“Es un buena medida, se defiende a la sociedad promulgando este tipo de leyes, los terroristas no pueden salir antes de tiempo. A partir de ahora cumplirán sus condenas como debe ser”, declaró.

Montoya dijo además que esto es parte de un gran proyecto de defensa de los intereses ciudadanos, ya que en el aspecto legal quedan aún muchas cosas por hacer, una de ellas establecer normas para que los miembros de las FF AA puedan actuar con tranquilidad en el cumplimiento de su deber de dar seguridad a la población.

“Reconstruyamos la justicia militar que desapareció por culpa de quienes decidieron dar beneficios penitenciarios a los terroristas. Las FF AA están combatiendo sin ningún respaldo jurídico adecuado, hay que entender que ellos combaten contra terroristas y no andan paseando en un parque de diversiones. Lo que se necesita es un marco judicial que respalde a los militares para que dejen de ser juzgados cada vez que haya un terrorista muerto”.

De otro lado, el abogado penalista Luis Lamas Puccio explicó que los condenados que hasta el momento están gestionando sus beneficios pueden seguir con ese trámite, debido a que han sido condenados con una ley anterior.

Además, dijo que en dicha norma prevalece más un contenido político que uno práctico objetivo. “Lo correcto sería que el sistema excarcelario en coordinación con la policía y el servicio de inteligencia hagan seguimiento a los presos que se han acogido a los beneficios penitenciarios y que ahora están en libertad, verificando si se han incorporado o no a las actividades terroristas”, refirió.

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