18 octubre 2009

Dura condena de AI al Congreso paraguayo

Veronica Smink
BBC Mundo, Cono Sur
El fallo de la CIDH de 2005 ordenó a las autoridades devolver las tierras a los Yakye Axa.

La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) criticó fuertemente al Congreso de Paraguay este viernes, luego de que el Senado rechazara un proyecto de ley que proponía restituir tierras ancestrales a una comunidad indígena.

La Cámara Alta rechazó por amplia mayoría el pedido del gobierno de Fernando Lugo de expropiar una estancia de 17.000 hectáreas, situada en la región del Chaco, para entregar esos terrenos al pueblo enxet de la comunidad Yakye Axa.

El reclamo de los indígenas está respaldado por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2005 ordenó a las autoridades paraguayas devolver esas tierras a los Yakye Axa, en un plazo de tres años.

"El Congreso Paraguayo ha enviado un mensaje muy claro: no les importa la vida de los pueblos indígenas", señaló en un duro comunicado la representante de AI en Asunción, Louise Finer.

"Pareciera que una vez más, poderosos intereses se han puesto en el camino de la protección de los derechos de los sectores más marginales de la sociedad paraguaya", señaló.

Por su parte, los senadores fundamentaron su decisión en el hecho de que la estancia que debía ser expropiada –Loma Verde- está siendo debidamente explotada, por lo que propusieron que se busque tierras alternativas para asentar a la comunidad Yakye Axa.

"Una excusa"

El Congreso Paraguayo ha enviado un mensaje muy claro: no les importa la vida de los pueblos indígenas
Louise Finer, representante de Amnistía Internacional en Asunción.

La presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senado, Ana María Mendoza de Acha, del partido de centro-derecha Patria Querida, fue quien encabezó el rechazo a la expropiación.

Según la legisladora, la resolución de la CIDH permite al Estado paraguayo entregar otras tierras a los Kakye Axa si está imposibilitado de dar cumplimiento a la disposición original.

Sin embargo el presidente de la ONG Tierraviva, Rodrigo Villagra, que representó a algunos de los indígenas, dijo a BBC Mundo que el hecho de que la estancia Loma Verde esté siendo debidamente explotada no debería usarse como "una excusa" para no devolver la tierra a sus dueños originales.

"El derecho superior es el derecho ancestral", señaló, agregando que la decisión del Congreso había creado "un absurdo legal", al desoír el mandato de una corte internacional.

El activista no descartó la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Justicia, y adelantó que se analizarán otras medidas –que podrían incluir protestas- en respuesta a la decisión del Parlamento.


Al costado de la ruta

Los integrantes de la comunidad viven al borde de la autopista Pozo Colorado.

Los cerca de 300 integrantes de la comunidad Yakye Axa viven hace una década en situación precaria al costado de una autopista, a unos 300 kilómetros de la capital, Asunción, con acceso limitado al agua y los servicios higiénicos y de salud.

La tierra en la que vivían fue ocupada por empresas forestales en los años 80, y después pasó a manos de terratenientes privados, hace diez años.

La familia que la ocupa en la actualidad la usa para criar ganado.

La controversia en torno a la expropiación de tierras ancestrales en Paraguay se ha intensificado en los últimos años.

Los más de 100.000 indígenas del país reclaman cerca de 2 millones de hectáreas de tierra, y hasta el momento han recibido menos de 400.000 hectáreas del Estado.

Según el analista político paraguayo Eduardo Arce Schaerer, el tema de las expropiaciones ha generado mucho rechazo dentro del Congreso, donde muchos de los legisladores tienen fuertes intereses ganaderos o sojeros.

El experto dijo a BBC Mundo que también existe un fuerte cabildeo por parte de los hacendados, para evitar las expropiaciones.

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