Aidesep presentará una denuncia internacional por muertes en Bagua y por persecución a sus dirigentes.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), con el apoyo de organizaciones de derechos humanos, denunciará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos los luctuosos hechos del “baguazo” del pasado 5 de junio, así como la persecución política a los principales dirigentes nativos, informó ayer Saúl Puerta Peña, secretario de la organización nativa.
Puerta, quien recientemente regresó de su asilo en Nicaragua, será el encargado de formalizar este pedido con el apoyo de la Asociación Pro Derechos Humanos, el Instituto de Defensa Legal, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Episcopal de Acción Social.
El pasado 5 de junio, 34 personas perdieron la vida, entre policías, nativos y lugareños de Bagua, región Amazonas, en un enfrentamiento desatado por el violento desbloqueo policial de la carretera Fernando Belaunde, tomada en el tramo conocido como Curva del Diablo por nativos que exigían la derogatoria de los decretos legislativos antiamazónicos ligados al TLC con Estados Unidos.
Desde antes del “baguazo” el gobierno emprendió acciones judiciales contra los dirigentes nativos de Aidesep, principalmente su presidente, Alberto Pizango, y los hermanos Saúl y Cervando Puerta, cuya detención ordenó un juez bajo presión oficial, por lo que optaron por pedir asilo político a Nicaragua.
En respuesta a las últimas expresiones del premier Javier Velásquez que descalifican la posible postulación a la presidencia de Pizango responsabilizándolo por el “baguazo”, Puerta insistió que “todo se desbordó cuando la policía decidió desalojar a los hermanos indígenas burlando un acuerdo previo”.
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