Eric Lemus
BBC Mundo, El Salvador
Las pandillas 18 y Mara
Salvatrucha (MS-13) declararon un paro del transporte durante tres días
para que el gobierno no aplique la ley que los criminaliza.
El ejército estuvo presente en el centro de la capital salvadoreña.
"Pedimos nuestras más sinceras disculpas por los inconvenientes causados (…). Queremos aclarar que dicha medida fue impulsada con el único objetivo de ser escuchados", declaró un pandillero con el rostro cubierto con una pañoleta a una televisora local que obtuvo la exclusiva.
El pandillero, que habló en nombre de la MS, advirtió que "el nuevo gobierno del presidente Funes prometió ser inclusivo con todos los sectores y hace un par de meses llamó a una ronda de consultas con todos los sectores para tratar el tema de la violencia y nosotros no fuimos invitados", dijo el joven en una casa ubicada en la periferia de la capital, rodeado por otros miembros de la "clica" (célula) que controla esa zona.
A doble voz
Pedimos nuestras más sinceras disculpas por los inconvenientes causados (…). Queremos aclarar que dicha medida fue impulsada con el único objetivo de ser escuchados
Miembro de la Mara Salvatrucha
Los pandilleros argumentaron que la medida de presión está dirigida al presidente Funes para que vete la Ley de Proscripción de Maras, la cual fue promovida por su administración y aprobada por la Asamblea Legislativa el pasado 1 de septiembre.
El proyecto de ley fue impulsado por Funes luego de que miembros de la 18 atacaron un transporte público en el que calcinaron a 17 personas.
"Los invitamos a iniciar un proceso transparente de diálogo con el fin de buscar solución a la violencia", afirmó el pandillero de la 18.
Asimismo, los jóvenes exigieron a Funes "que incremente el sueldo mínimo y baje los precios de la canasta básica, que regule el precio del agua, y de la energía eléctrica y que no suba el transporte público".
Al final de la administración del ex presidente Francisco Flores, quien promovió el plan "Mano Dura", las dos organizaciones pactaron una tregua el 24 de septiembre de 2004, pero no tuvo éxito.
El mediador
Vehículos particulares sustituyeron al transporte público.
Rodríguez, un sacerdote de origen español, administra la parroquia de Mejicanos, el barrio que fue el escenario de la masacre del microbús meses atrás.
El religioso dijo que los pandilleros están dispuestos a adquirir compromisos con la sociedad para "mejorar las condiciones en las cárceles y que los internos tengan formación laboral y puedan ayudar a sus familias".
La Dirección de Centros Penales decidió el estado de emergencia en seis cárceles donde los reos se declararon en rebeldía.
"Se están pisando muchos derechos en las cárceles. Ser pandillero no es sinónimo de ser violento", dijo el párroco.
Zozobra
0% del comercio fue
paralizado por temor a represalias. Dos noches atrás, la 18 circuló
hojas volantes en la que pidió a los comerciantes cerrar sus
establecimientos o, de lo contrario, "se atuvieran a las consecuencias"
70% del comercio fue paralizado por temor a represalias. Dos noches atrás, la 18 circuló hojas volantes en la que pidió a los comerciantes cerrar sus establecimientos o, de lo contrario, "se atuvieran a las consecuencias".
80% del transporte público suspendió y el tráfico fue sustituido por autos tipo pick up que aproximaron a los pasajeros a puntos intermedios a cambio de US$0.25 ó 0.50.
Una usuaria, Magdalena Medrano, lamentó a BBC Mundo que "nosotros siempre sufrimos las consecuencias porque esto ya es demasiado", mientras la policía y el ejército vigilaban las estaciones de autobuses.
A lo largo de todo el día, la ciudad y las principales carreteras estuvieron militarizadas.
El ambiente desolado era interrumpido por las caravanas de peatones que desandaban el trayecto a su lugar de trabajo.
David Gallegos, administrador de la Terminal de Oriente, le dijo a BBC Mundo "que todos los empresarios van a cumplir las 72 horas de paro" por miedo a las maras.
¿Negociar?
La mayor parte de los comercios cerraron por miedo a las amenazas.
"Nuestra labor como policía es revertir la situación de violencia y de prevenir el delito y combatir el mismo", declaró Ascencio, al tiempo que saludó el espíritu de la ley de proscripción "porque es una herramienta que necesitamos para combatir este flagelo".
En tanto, el Ministerio de Defensa informó que desplegó 2.000 soldados más y habilitó transporte militar para enfrentar el paro al transporte.
La ley penaliza la pertenencia y financiación de las maras y eleva a diez años la pena de cárcel.
"Las pandillas saben perfectamente a dónde va orientado este instrumento jurídico. No va dirigido contra estos niños y adolescentes que han sido inducidos por estos criminales a integrarse a la labor de las maras", declaró el jefe policial.
"Aprovecho para decirles a los niños que retornen a sus casas, con sus padres y que abandonen esta estructura criminal", agregó.
EL SALVADOR
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