La Corte Interamericana de Derechos Humanos
pidió, en la semana pasada, que el Estado peruano cumpla la sentencia
emitida en noviembre de 2006 sobre el asesinato, en Lima, de nueve
estudiantes y un profesor de la universidad Enrique Guzmán y Valle,
conocida por "La Cantuta". El organismo aún pidió que la nación repare
los familiares de las víctimas. Ayer (7), la Asociación Pro Derechos
Humanos (Aprodeh) reforzó el pedido del organismo al recordar que el
país tiene hasta 1º de marzo de 2010 para cumplir las recomendaciones.
La Corte exigió la búsqueda y localización inmediata de los restos
mortales de Hugo Muñoz Sánchez, Dora Oyague Fierro, Marcelino Rosales
Cárdenas, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Edgar Teodoro Espinoza,
Heráclides Pablo Meza, Juan Gabriel Mariños Figueroa y Felipe Flores
Chipana.
Caso se encuentran sus restos, el Estado deberá entregarlos inmediatamente a las familias y cubrir los eventuales gastos de entierro. El 17 de julio de 2008, El Equipo Peruano de Antropología Forense entregó seis féretros mortuorios a los familiares de las víctimas, pero estableció que los restos estaban incompletos y que correspondían a 8 individuos.
Caso se encuentran sus restos, el Estado deberá entregarlos inmediatamente a las familias y cubrir los eventuales gastos de entierro. El 17 de julio de 2008, El Equipo Peruano de Antropología Forense entregó seis féretros mortuorios a los familiares de las víctimas, pero estableció que los restos estaban incompletos y que correspondían a 8 individuos.
El organismo internacional aún requirió mantenerse informando sobre
el avance de las investigaciones. La resolución de la Corte aún pide a
los familiares expresar sus observaciones sobre el cumplimiento de las
reparaciones por parte del Estado peruano.
"El pronunciamiento de la Corte, en relación a la sentencia por el caso La Cantuta, significa que el Estado no ha cumplido a cabalidad con lo dispuesto por la Corte, en cuanto a la investigación y sanción a los responsables, y sobretodo, en relación a la búsqueda y ubicación de los cuerpos de todas las víctimas", dijo la doctora Gloria Cano, responsable del área legal de la Aprodeh. La entidad, junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representó a los familiares de las víctimas ante la Corte Interamericana.
El asesinato de los nueve estudiantes y del profesor universitario ocurrió el 18 de julio de 1992, cuando miembros del denominado "Grupo Colina" - escuadra paramilitar perteneciente al Ejército Peruano - irrumpieron violentamente en "La Cantuta" y detuvieron, desaparecieron y ejecutaron a las víctimas. El caso ocurrió durante el gobierno del ex Presidente Alberto Fujimori.
Según la Corte, los asesinatos constituyeron crímenes de lesa humanidad, cometidos a través de una estructura de poder coordinada desde las más altas esferas del poder. Perú ha violado varios derechos fundamentales y garantías judiciales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=43699
"El pronunciamiento de la Corte, en relación a la sentencia por el caso La Cantuta, significa que el Estado no ha cumplido a cabalidad con lo dispuesto por la Corte, en cuanto a la investigación y sanción a los responsables, y sobretodo, en relación a la búsqueda y ubicación de los cuerpos de todas las víctimas", dijo la doctora Gloria Cano, responsable del área legal de la Aprodeh. La entidad, junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representó a los familiares de las víctimas ante la Corte Interamericana.
El asesinato de los nueve estudiantes y del profesor universitario ocurrió el 18 de julio de 1992, cuando miembros del denominado "Grupo Colina" - escuadra paramilitar perteneciente al Ejército Peruano - irrumpieron violentamente en "La Cantuta" y detuvieron, desaparecieron y ejecutaron a las víctimas. El caso ocurrió durante el gobierno del ex Presidente Alberto Fujimori.
Según la Corte, los asesinatos constituyeron crímenes de lesa humanidad, cometidos a través de una estructura de poder coordinada desde las más altas esferas del poder. Perú ha violado varios derechos fundamentales y garantías judiciales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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