Protesta de un grupo de indígenas en Perú |
Survival
Según afirma Amnistía Internacional en su último informe, las
autoridades peruanas deben llevar a cabo investigaciones 'justas e
imparciales' sobre todos los homicidios perpetrados durante
los actos de violencia desatados en el bloqueo de una carretera en
junio por parte de pueblos indígenas de la Amazonia
La organización solicitó investigaciones completas sobre los homicidios de 10 indígenas y residentes de la zona además de las investigaciones ya en curso sobre los homicidios de 23 agentes de policía durante los hechos.
Al menos 200 personas resultaron heridas también el 5 de junio cuando la policía intervino para poner fin a una protesta pacífica en una carretera próxima a Bagua, en el norte de Perú, donde miles de personas se manifestaban por el uso de la tierra y los recursos.
"Deben adoptarse medidas para llevar ante la justicia a todos los presuntos autores de estos abusos graves y proporcionar reparación a todas las víctimas", afirmó Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para América.
Miles de indígenas llevaban más de 50 días bloqueando pacíficamente la carretera en señal de protesta por una nueva legislación que, según afirman, representa una amenaza para su subsistencia.
El informe revela que, mientras que se ha detenido y acusado a manifestantes en relación con los homicidios de agentes, ninguno de los presuntos implicados en las muertes y lesiones de manifestantes ha sido acusado hasta ahora.
"Los actos de hostigamiento e intimidación contra dirigentes indígenas tienen que acabar, y se ha de garantizar el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento previo, libre e informado sobre cualquier decisión que pueda afectar a su derecho a la tierra y los recursos", afirmó Guadalupe Marengo.
Entre otras personas entrevistadas por estaba Violeta Piitug Wampush, viuda de Felipe Sabio César Sánchez, dirigente de la pequeña comunidad indígena de Wawás y periodista de una emisora de radio local.
Fue abatido a disparos cuando salía del hospital de Bagua, al que había acudido para informar sobre los indígenas muertos y heridos ese día.
"Del mismo modo que reconocen a los agentes de policía [muertos el 5 de junio] como funcionarios del Estado, deben reconocer también a mi esposo [...] caído en defensa del territorio de la Amazonia", dijo a Amnistía Internacional.
De los 23 agentes de policía, 11 fueron víctimas de homicidio cuando estaban en manos de los manifestantes indígenas como rehenes, y un agente continúa en paradero desconocido.
Flor de María Vásquez, esposa del comandante Miguel Antón Montenegro Castillo, uno de los agentes muertos el 5 de junio, sigue esperando a que le respondan por qué la policía no envió refuerzos en su ayuda.
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/12/01/solidaridad/1259688740.html
La organización solicitó investigaciones completas sobre los homicidios de 10 indígenas y residentes de la zona además de las investigaciones ya en curso sobre los homicidios de 23 agentes de policía durante los hechos.
Al menos 200 personas resultaron heridas también el 5 de junio cuando la policía intervino para poner fin a una protesta pacífica en una carretera próxima a Bagua, en el norte de Perú, donde miles de personas se manifestaban por el uso de la tierra y los recursos.
"Deben adoptarse medidas para llevar ante la justicia a todos los presuntos autores de estos abusos graves y proporcionar reparación a todas las víctimas", afirmó Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para América.
Miles de indígenas llevaban más de 50 días bloqueando pacíficamente la carretera en señal de protesta por una nueva legislación que, según afirman, representa una amenaza para su subsistencia.
El informe revela que, mientras que se ha detenido y acusado a manifestantes en relación con los homicidios de agentes, ninguno de los presuntos implicados en las muertes y lesiones de manifestantes ha sido acusado hasta ahora.
Intimidación y acoso a los indígenas
Además, los dirigentes indígenas han sufrido intimidación y acoso por parte de las autoridades."Los actos de hostigamiento e intimidación contra dirigentes indígenas tienen que acabar, y se ha de garantizar el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento previo, libre e informado sobre cualquier decisión que pueda afectar a su derecho a la tierra y los recursos", afirmó Guadalupe Marengo.
Los testigos y las víctimas piden justicia
En el curso de su investigación, Amnistía Internacional ha hablado con testigos y familiares de las víctimas de homicidio, quienes revelaron nuevos datos sobre el estallido de la violencia.Entre otras personas entrevistadas por estaba Violeta Piitug Wampush, viuda de Felipe Sabio César Sánchez, dirigente de la pequeña comunidad indígena de Wawás y periodista de una emisora de radio local.
Fue abatido a disparos cuando salía del hospital de Bagua, al que había acudido para informar sobre los indígenas muertos y heridos ese día.
"Del mismo modo que reconocen a los agentes de policía [muertos el 5 de junio] como funcionarios del Estado, deben reconocer también a mi esposo [...] caído en defensa del territorio de la Amazonia", dijo a Amnistía Internacional.
De los 23 agentes de policía, 11 fueron víctimas de homicidio cuando estaban en manos de los manifestantes indígenas como rehenes, y un agente continúa en paradero desconocido.
Flor de María Vásquez, esposa del comandante Miguel Antón Montenegro Castillo, uno de los agentes muertos el 5 de junio, sigue esperando a que le respondan por qué la policía no envió refuerzos en su ayuda.
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/12/01/solidaridad/1259688740.html
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