El Consejo Directivo del Congreso acordó hoy desaforar a la legisladora Rocío González por tener una sentencia condenatoria previa a que asumiera dicho cargo, así como pedir al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que la reemplace por su accesitaria.
La legisladora González había sido sentenciada por hurto agravado de energía eléctrica, antes de asumir su cargo como representante parlamentaria en julio del 2006.
El Consejo Directivo adoptó esta decisión luego de analizar un informe elaborado por la Comisión de Constitución del Congreso, en el que sugería el desafuero de González, basándose en el anterior artículo 25 del reglamento interno del Parlamento, vigente al momento de ser elegida parlamentaria.
Según el acuerdo, el Poder Legislativo cursará comunicación al JNE para que convoque a su accesitaria Francis María Eugenia Zegarra Tejada, quien la reemplazará en el cargo.
González fue procesada porque la empresa en la cual era gerente, Proalim, robó energía a la estatal Sociedad Eléctrica de Arequipa, lo cual mereció que la hoy desaforada congresista sea sentenciada por hurto agravado de energía eléctrica en agravio del Estado en julio de 2006.
La sentencia impuesta por el Noveno Juzgado Penal de Arequipa fue de “cuatro años de prisión suspendida por el término de tres años”. Este fallo fue ratificado por la Corte Superior de Arequipa y por la sala penal permanente de la Corte Suprema.
Según el informe de la Comisión de Constitución, hasta octubre del 2007, el artículo 25 del reglamento del Congreso establecía que el reemplazo por el accesitario se producía cuando el legislador recibía sentencia condenatoria por delito doloso.
En aquel mes se modificó dicho artículo para que sea necesaria una “sentencia firme a pena privativa de la libertad efectiva por la comisión de delito doloso”. Pero debido a que González fue sentenciada el 24 de julio del 2006, se le aplicó la versión antigua del reglamento.
Sin embargo, el Quinto Juzgado Penal Liquidador de Arequipa, que despacha José Luis Vilca Conde, dictó una resolución que declaraba rehabilitada a Rocío González de la pena impuesta porque ya pagó la reparación civil y el período de pena suspendida concluyó el 23 de julio del 2009.
Ante ello, la Comisión de Constitución optó por derivar el caso al Consejo Directivo para que sus integrantes resuelvan el caso.
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