El gobierno alista un plan B ante el inminente cierre de Doe Run

Situación crítica. No alcanzaría a reiniciar sus operaciones antes del 27 de julio. Buscarían reubicar a trabajadores en otras compañías o reconvertirlos hacia otros oficios. Ejecutivo descarta nacionalizar la metalúrgica.

Magda Quispe.

El sueño del reinicio de las operaciones de Doe Run Perú (DRP) parece cada vez más lejano. Pues pese a que ayer nuevamente la empresa se comprometió a volver a operar antes de que se cumpla el plazo, todo indica que la única salida que existiría para los trabajadores de la metalúrgica sería acceder a un programa de reconversión laboral.

Según explicó el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, en esto consiste el plan B que viene elaborando el gobierno ante la posibilidad de que DRP no llegue a reiniciar sus operaciones hasta el 27 de julio, fecha en la que se vence el plazo según la ley (29410) emitida por el Congreso.

“No podemos dejar de tener una alternativa ante un no reinicio de operaciones. En ese caso se tratará con los trabajadores de manera directa para buscar preservar sus puestos, ya sea transfiriéndolos a otras empresas, algún esquema de jubilación u otros elementos”, adelantó ayer el ministro tras sostener una nueva reunión con los funcionarios de DRP y dejando entrever que ya no hay confianza en que cumplan con el plazo.   

El Estado no operará la compañía

Asimismo, el titular del sector dejó claro que si la empresa no cumple con la ley esto no significa que la metalúrgica pasaría a manos del Estado, sino que el paso siguiente sería cerrar sus instalaciones y luego llevar a cabo un proceso concursal entre los acreedores de Doe Run.

“Hay que ajustarse de acuerdo con lo que señala la ley. Se llevaría a cabo un proceso concursal y dentro de este hay diversas opciones que se manejan: se reestructuran o se liquidan”, sostuvo.

Sigue pidiendo más beneficios

Mientras tanto Doe Run continúa pidiendo nuevos beneficios al gobierno como condición para reiniciar operaciones.
Según un nuevo comunicado de la empresa emitido ayer, los temas propuestos son la protección legal de la empresa ante la no remediación de  suelos de La Oroya, un programa “razonable” de pago ante posibles deudas significativas con la Sunat y que recién se aplique los estándares de Calidad de Aire cuando se cumpla el plazo de ejecución del último Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

“La empresa ahora solicita al gobierno que cumpla con su parte y comience de manera inmediata la remediación de suelos de La Oroya, a la cual está comprometido”, agrega el comunicado.

Ante esto, el ministro Sánchez señaló enfáticamente que estos no son elementos que impidan que Doe Run Perú pueda reiniciar sus operaciones.

“Estos elementos van en paralelo. El gobierno ya ha venido haciendo este proceso porque Activos Mineros ha invertido más de un millón de dólares en preparar expedientes técnicos para los proyectos de remediación”, apuntó.

Trabajadores se oponen

Por su parte, Luis Castillo, secretario general de la Federación de Trabajadores Mineros Metalúrgicos del Perú, descartó tajantemente que los trabajadores acepten ser reubicados en otras empresas.

“Los trabajadores no vamos a aceptar la reconversión. Hemos quedado con el gobierno, a través del premier Javier Velásquez Quesquén, que ningún trabajador de La Oroya va a dejar de laborar y no van a ir a otras empresas”, refirió.

Agregó que hacer una reconversión laboral sería una falacia porque el gobierno no tiene ninguna empresa minera para que un trabajador sea reubicado, pues las empresas son privadas. “No vamos a aceptar porque significaría despedirnos del trabajo”, afirmó.

Cifras

3,500 trabajadores dependen  de Doe Run Perú (DRP).

3,500 trabajadores dependen  de Doe Run Perú (DRP).

“Pueden ir a minas cercanas”

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) enviará a un grupo de inspectores laborales a La Oroya (Junín) con la finalidad de que se verifique el cumplimiento del pago de los sueldos a los trabajadores de Doe Run Perú , tal como se había comprometido la metalúrgica, así lo informó ayer la ministra de Trabajo, Manuela García.

Jorge Manco Zaconetti, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sostuvo que en caso del cierre por insolvencia de Doe Run deben primar los intereses de los trabajadores.
 “Un tercio de la población está en edad de jubilarse y se debe negociar el retiro con incentivos, los otros dos tercios, reubicarlos en nuevos proyectos mineros como Toromocho, donde el Estado puede interceder para su reubicación”, sostuvo.

PODER EJECUTIVO