Todo indica que, en esta ocasión, el proyecto que aprueba la
ley de jubilación anticipada no será observado por el Ejecutivo, lo
cual es una buena noticia para un amplio grupo de ciudadanos de escasos
recursos o desempleados que quisieran gozar de manera adelantada de un
derecho que sin duda merecen. En principio, como ha adelantado ayer el
ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, el Gobierno ve con
buenos ojos que el Congreso haya autorizado devolver a los aportantes
solo el 50% de los fondos, porque de esta manera sí tendrán acceso a la
seguridad social. El otro 50% lo recibirán cuando alcancen la fecha de
jubilación.
Además, según el ministro, esta fórmula no
afectará al Estado —que más bien emitirá un bono de reconocimiento que
garantizará la prestación de salud— ni tampoco a las administradoras de
fondos de pensiones (AFP). Y es que se estima
que 120 mil a 200 mil ciudadanos se acogerían a ese beneficio, lo cual
implica un retiro de fondos manejable pero no masivo.
Se
trata de atender a aportantes varones de 55 años o más y mujeres de 50
años o más, cuyas pensiones calculadas en el Sistema Privado de
Pensiones sean igual o mayor al valor de una remuneración mínima vital
(S/.550). También a aquellas personas cuya pensión no alcance a una
remuneración mínima, a las que las AFP deberán devolver el íntegro de los fondos.
Satisface,
pues, que el Ejecutivo y el Legislativo concreten un proyecto mejor al
anterior y sobre todo acorde a la realidad. Finalmente, lo que se
requería era una medida para enfrentar la crisis que afecta a
ciudadanos cuya edad los limita para acceder a un nuevo puesto de
trabajo, pero que de manera injusta y absurda deben esperar hasta 10
años, por lo menos, para poder usar un fondo que sin duda les
pertenece. Corresponde ahora que el Ejecutivo apruebe la ley para que
se aplique cuanto antes, aunque ello no debe implicar desestabilizar el
sistema privado que, en contraposición al público, ha resultado más
eficiente y equitativo.
Con ello no estamos negando que las AFP
necesiten ajustes. Como hemos comentado en esta columna, sigue
pendiente la modificación de las altas comisiones que actualmente
cobran por gestionar los fondos de sus afiliados, o la restauración del
concepto de rentabilidad mínima. La Asociación de AFP debe mostrar más disposición para esta reforma, plantear salidas más viables, para no llegar a disyuntivas radicales.
Lo
que no puede hacerse es boicotear el sistema previsional, impulsando
proyectos de escasa solvencia técnica, bajo la excusa de beneficiar a
los aportantes, cuando en el fondo subyacen fines netamente
politiqueros o populistas. Por ejemplo, seguir bajando la edad de
jubilación, lo que podría mermar el fondo pensionario. En todo caso,
frente a los desbalances económicos que suelen engrosar los índices de
desempleo y subempleo, resultan atendibles las propuestas de quienes
proponen implantar un seguro para atender a las personas que pierden
sus trabajos. Un seguro de desempleo, que como sucede en otros países,
garantice que quien pierda su empleo cuente con ingresos de respaldo,
por lo menos en los seis meses que, según las estimaciones más
optimistas, demora en reubicarse en una nueva plaza.
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