El Jurado Nacional de Elecciones (JNE)
determinó que entre el 6 de abril y el 14 de junio los partidos
políticos deberán realizar elecciones internas para elegir a sus
candidatos de cara a los próximos comicios municipales y regionales de
octubre, lo que suscita muchas preguntas.
¿Asumirán los partidos realmente su responsabilidad democrática?
¿Seguirán estos siendo manejados al mismo estilo de los caudillos del
pasado? ¿Apelarán nuevamente a la modalidad de poner a competir solo a
precandidatos de poca monta para no hacerle sombra al oportunista de
turno y así dejarle el camino libre para una postulación ya decidida de
antemano?
Se anuncia que las agrupaciones tienen tres modalidades para las
elecciones internas: a través del voto universal de ciudadanos afiliados
y no afiliados a esos partidos; solo con el voto de sus afiliados; o a
través de la participación solo de sus delegados.
Ahora sabremos si los partidos han aprendido la lección. Del otro
lado, sin embargo, corresponderá a las autoridades del sistema electoral
fiscalizar y sancionar a las agrupaciones que no cumplan estas
disposiciones. Hasta donde se sabe, en el pasado ningún partido ha sido
sancionado por no realizar elecciones internas o por haberlas llevado a
cabo sin cumplir los rigores que la ley exige, apelando a ciertas
triquiñuelas.
No basta con que los partidos exijan a los postulantes la
presentación de sus hojas de vida y dejarlas archivadas sin un mínimo de
investigación. Es obligación de las propias agrupaciones contrastarlas
con la realidad, para que no se repitan nefastas experiencias de
candidatos con sentencias judiciales activas, denuncias de paternidad no
reconocida, falsos certificados de estudios, etc.
A ello se suma la plaga de cínicos y sinvergüenzas que, a la primera
oportunidad, se convierten en tránsfugas, lo que evidencia la falta de
compromiso partidario con la ciudadanía, que es finalmente la más
perjudicada cuando se elige autoridades que resultan siendo un lastre
antes que la figura competente y comprometida que pensaron elegir.
Esta insatisfacción ciudadana se ve reflejada en la última encuesta
nacional de Ipsos Apoyo, publicada ayer en El Comercio, en que el 81% de
la población desaprueba la gestión del Congreso, que ha sido
protagonista de patéticos escándalos que involucran a congresistas que
abusaron de su cargo en provecho propio.
La misma encuesta valora la honestidad (58%) y la visión de futuro
(40%) como las principales cualidades que debe tener el próximo
mandatario, lo que podría trasladarse a las autoridades regionales y
municipales que se elegirán próximamente. La ciudadanía está harta de
los escándalos de quienes solo quieren llegar al poder para beneficiarse
ellos mismos.
Tal llamado de alerta no debe ser desoído por los partidos, llamados
a constituirse en los pilares de la consolidación democrática a partir
de liderazgos serios y doctrinas coherentes. Bajo la premisa de que sin
partidos no hay democracia, están obligados a depurar a los
incompetentes y deshonestos de sus listas de precandidatos, así como a
los aprovechados que ven la posibilidad de llegar a un cargo como una
suerte de lotería.
La trayectoria ética y profesional, así como la vocación de servicio
y, sobre todo, las auténticas credenciales democráticas de los
postulantes deben estar en el primer orden de prioridades. Y la
ciudadanía, que exige transparentar y adecentar la política, tiene que
comprometerse y asumir una labor más proactiva en el tema de la
fiscalización y castigar en las ánforas a los partidos que actúan de
modo oscuro e irresponsable.
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