Reparaciones
civiles. Sentenciados por corrupción y terrorismo en la mira. Para
recuperar ese dinero, Ministerio de Justicia designa como procuradores
especiales a Julio Roca y Juan Farfán.
Ana Véliz.
Con la finalidad de recuperar 4,692 millones 176,553 de nuevos soles en reparaciones civiles que los corruptos y terroristas adeudan al Estado, el Ministerio de Justicia designó como nuevos procuradores a Julio Roca Fernández y Juan Farfán Martínez.
Ambos fueron presentados ayer ante la opinión pública por el presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Daniel Figallo. Este explicó que se busca establecer una estrategia para el cobro de la reparación civil y el pago de daños causados por el delito.
Deudas de corrupción
El procurador Roca Cáceres explicó que la deuda de los corruptos totaliza 904 millones 182,208 nuevos soles en 84 procesos concluidos con más de 100 sentenciados.
La lista de deudores incluye al ex presidente Alberto Fujimori, su asesor Vladimiro Montesinos, el ex ministro de Agricultura y candidato a la presidencia de la región Cajamarca Absalón Vásquez.
Figuran además con montos importantes el general (r) Nicolás Hermoza Ríos y el ex premier Víctor Joy Way, la conductora de televisión Laura Bozzo, entre otros.
Terrorismo
Por su parte, el procurador Farfán tendrá a su cargo la recuperación de la deuda de los terroristas, que totaliza 3,783 millones 994,345 nuevos soles. Farfán anotó que mientras los terroristas se niegan a pagar esa cifra, reclaman del Estado importantes indemnizaciones a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Existen casos como Castillo Petruzzi y otros que reclaman ante la CIDH que se les pague una indemnización, sin embargo, ellos todavía tienen una deuda pendiente con el Estado”, afirmó.
Piden sanción para 166 jueces
El Consejo de Defensa Jurídica del Estado denunció ayer ante el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura y la Ocma a 166 jueces de primera y segunda instancias que estarían vinculados a presuntos actos de corrupción.
Daniel Figallo indicó que se trata de lograr sanciones concretas contra estos magistrados por favorecer a procesados por narcotráfico, corrupción y emitir irregulares acciones de amparo y hábeas corpus, en momentos que el CNM realiza un proceso de ratificación de jueces y fiscales.
Daniel Figallo afirmó que la documentación tiene el propósito de “separar la paja del trigo” y proteger la reputación de los jueces probos como la de los del sistema anticorrupción.
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