Pedro Sánchez detalló que la firma ha solicitado el
fraccionamiento de su deuda tributaria y la condonación de sus multas
(Reuters).
La minera Doe Run Perú presentó al Gobierno nuevas demandas que
complicarían el reinicio de su vital fundición metalúrgica y la
concreción de un plan ambiental en una de las zonas más contaminadas del
mundo, informó el Ministerio de Energía y Minas.
Doe Run Perú, paralizó en junio del año pasado la producción en el
complejo metalúrgico de La Oroya, luego de que los bancos le cortaron
sus líneas de crédito durante la crisis mundial que golpeó a los precios
de los metales.
A inicios de marzo último, la firma anunció un acuerdo financiero
con la operadora de materias primas suiza Glencore que allanaría el
camino para el reinicio de la fundición y la concreción de un plan
ambiental en el contaminado pueblo adyacente al complejo.
Sin embargo, la empresa aún no ha fijado una fecha para retomar sus
operaciones.
El Gobierno pidió a Doe Run que reanude sus faenas en la planta
antes del 31 de julio, cuando vence el plazo de 10 meses que le concedió
para que lo haga. Además, en septiembre del 2009 se le amplió por 30
meses el plazo para que la compañía culmine la ejecución de un plan
ambiental clave.
Pero en la víspera la firma presentó nuevas exigencias que complicarían el reinicio de
la planta, como el fraccionamiento de su deuda tributaria y la
condonación de las multas impuestas por el incumplimiento de plazos,
dijo el ministro de Energía y Minas , Pedro Sánchez.
“Los representantes de Doe Run Perú y de su accionista principal
trajeron una nueva agenda que incluía cuatro puntos distintos a los que
se han visto durante los últimos 12 meses de diálogo”, precisó el
ministerio.
El pedido “sorprendió a los miembros de la mesa (de diálogo) puesto
que nunca antes se habían planteado estos temas”, añadió.
La compañía tiene inversiones pendientes por 150 millones de dólares
para completar el plan ambiental y debe unos 110 millones de dólares a
sus proveedores, que dejaron de abastecerla con concentrados en medio de
sus problemas financieros.
Un mayor retraso podría generar malestar en el sector, uno de los
más importantes para la economía de la nación sudamericana.
En La Oroya, una de las localidades más contaminadas del mundo,
están en riesgo cerca de 20.000 empleos.
El año pasado, un policía murió en enfrentamientos con pobladores y
trabajadores mineros, quienes pedían al Gobierno una extensión del plazo
para la culminación del plan ambiental.
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