Perú: suspenden expulsión de religioso británico

Javier Lizarzaburu

BBC Mundo, Lima

El gobierno peruano acusa a McAuley de participar en actividades de carácter político

En una decisión de última hora, el poder judicial peruano dejó en suspenso la expulsión del país del religioso y ambientalista británico Paul McAuley, a quien se le había acusado de incitar al desorden público con su activa participación en protestas por el medio ambiente en la Amazonía peruana. 

Una decisión del Primer Juzgado Civil de Maynas, en la región oriental del país, donde reside McAuley, admitió el recurso de amparo que habían presentado sus abogados.

Al hablar con la prensa, una de sus representantes, Rita Ruck Riera, señaló que "a partir de la fecha tenemos 15 días para impugnar la resolución administrativa del ministerio del Interior".

McAuley, de 65 años, es un religioso británico de la orden de los Hermanos La Salle y también presidente de una ONG, Red Ambiental Loretana.

En su sitio web, esta organización civil indica que su objetivo es "vigilar los recursos naturales de la región, la defensa del medio ambiente y proponer soluciones en beneficio de la población local y de la humanidad".

Pero el 1 de julio, McAuley recibió la resolución del Ministerio del Interior peruano donde se le informaba de la cancelación de su residencia en el país y se le daba un plazo de siete días para abandonar el territorio.

Según el documento, McAuley había "venido participando en diferentes actividades de carácter político, como marchas de protesta en contra de la contaminación ambiental, por las calles de Iquitos contra el Estado peruano y otros actos que constituyen una alteración del orden público".

Críticas

Hablando con la agencia AFP, el religioso ambientalista señaló que "lo único que he hecho es participar en marchas pacíficas para defender derechos de los indígenas y los recursos naturales contra las concesiones ilegales".

Por su parte, este lunes en una entrevista con la emisora local RPP, el primer ministro peruano, Javier Velásquez Quesquén, justificó la expulsión del religioso, señalando que no se puede permitir que extranjeros empujen a la población a "quebrantar valores democráticos".

El ministro de Justicia, Víctor García Toma, descartó este miércoles que el religioso sea objeto de ningún tipo de persecución política y sugirió "que fomente la concordia y no promueva directa o indirectamente con sus actos a desordenes, a violencia o agitación que pudieran derivarse en acciones políticas".

La medida ha sido ampliamente criticada y cuestionada por organismos ambientalistas, indígenas y de derechos humanos, porque se produce en medio de un contexto de creciente enfrentamiento por la explotación de los recursos naturales en Perú.

En junio se cumplió el primer aniversario de los hechos sangrientos en la localidad de Bagua que dejó 34 muertos, y los actos recordatorios dejaron al descubierto el cisma que existe entre la posición del gobierno del presidente Alan García y organizaciones indígenas que protestan por el programa de concesiones mineras y madereras que se viene impulsando.
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