EE.UU.: demanda contra Arizona intensifica debate migratorio

Marcia Facundo

BBC Mundo

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La muy esperada demanda del gobierno del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, contra el estado de Arizona por la ley que criminaliza la inmigración de indocumentados no sólo ha agitado el debate político, sino se ha convertido en una buena noticia para otros recursos judiciales que habían desafiado la medida.

Estados Unidos no puede ni debe permitir que los inmigrantes y las comunidades de color se conviertan en blanco de leyes que discriminan según el perfil racial

Linton Joaquín

La opinión de la Casa Blanca podría influir en la decisión de cualquier tribunal respecto de la constitucionalidad de la polémica norma migratoria (conocida como Ley SB1070), afirmaron los analistas.

El gobierno estadounidense no solo solicitó a un tribunal federal de Arizona que detenga la aplicación de la legislación: la decisión tomada por la Casa Blanca ayudará a diluir las posibilidades de que la medida entre en vigencia el 29 de julio, como está previsto.

En el aspecto político, la demanda agrega más combustible a la ya encendida controversia sobre la reforma migratoria, especialmente con miras a las elecciones legislativas de noviembre.

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Interferencia

 

En la demanda "Estados Unidos de América vs. el estado de Arizona", el departamento de Justicia argumenta que la SB1070 es inconstitucional porque crea una política de inmigración en el nivel estatal que interfiere con la administración y la aplicación federal de las leyes migratorias.

La ley ha sido objeto de varias protestas.

"El establecimiento de una política de inmigración y las acciones para hacer cumplir las normas de inmigración son responsabilidad nacional. Intentar abordar la cuestión a través de un mosaico de leyes estatales creará más problemas que los que resolverá", dijo en un comunicado el secretario de Justicia, Eric Holder.

El anuncio de la demanda del gobierno a la controvertida legislación estatal provocó de inmediato la reacción favorable de grupos de defensa de los derechos humanos como el Centro Nacional de Ley de Inmigración, uno de las más de 20 organizaciones e individuos que lanzaron un desafío legal que busca derogar de la norma.

"Los estados que planean seguir los mal guiados pasos de Arizona deben tomar nota: Estados Unidos no puede ni debe permitir que los inmigrantes y las comunidades de color se conviertan en blanco de leyes que discriminan según el perfil racial", dijo Linton Joaquín, abogado del Centro.

"El Departamento de Justicia reafirma el control federal de la inmigración", dijo en un comunicado la coalición Reforma Migratoria PRO América, cuyo director ejecutivo, Ali Noorani, opinó que el gobierno "adoptó una postura firme en defensa de la Constitución de los Estados Unidos y de la protección de los ciudadanos estadounidenses".

Críticas demócratas

 

El senador John McCain, de Arizona, criticó la medida de Obama.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron favorables. La demanda del gobierno de Obama fue también objeto de críticas, algunas de parte de legisladores del propio partido demócrata.

"Es un espectáculo que nos distrae de la verdadera tarea a mano", comentó la representante por Arizona, la demócrata Ann Kirkpatrick, quien consideró que las batallas legales contribuyen a alejar la atención de "lo que necesita ser un debate de fondo sobre políticas".

Los dos senadores republicanos de Arizona, John McCain y Jon Kyl, emitieron un comunicado en el que condenaron la acción judicial de la Casa Blanca.

Esta demanda es un espectáculo que nos distrae de la verdadera tarea a mano

Ann Kirkpatrick, representante por Arizona

"El pueblo estadounidense se estará preguntando si el gobierno de Obama realmente está comprometido con asegurar la frontera cuando presenta una demanda contra un estado que simplemente intenta proteger a sus ciudadanos con la aplicación de una ley de inmigración", dijeron los legisladores.

Además, 20 miembros republicanos de la Cámara de Representantes enviaron una carta al secretario Holder en la que expresan su decepción y sus serias preocupaciones por la medida del Departamento de Justicia.

Batalla legal

 

Además de agitar el debate político, la querella podría decidir el destino de otras batallas legales contra los funcionarios de Arizona.

Gabriel Chin, profesor de Derecho de la Escuela de Leyes James E. Rogers de la Universidad de Arizona, aseguró que el desafío del gobierno de Obama influirá en otras seis demandas que han sido interpuestas contra la SB 1070.

Chin dijo estar seguro de que la norma no entrará en vigencia en la fecha prevista.

"Yo sospecho que habrá una decisión (del tribunal) antes de que la ley entre en efecto", concluyó.
OBAMA