15 mayo 2010

Protegerán a denunciantes de delitos de corrupción estatal

Un paso en la lucha contra la corrupción en el Estado. Pleno aprobó la Ley de Protección al Denunciante, la cual servirá para que funcionarios públicos que denuncien hechos comprobados de corrupción no sufran represalias. 

La ley fue aprobada por 59 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones. Con la misma, en adelante los denunciantes de delitos de corrupción en la gestión pública también recibirán una compensación económica, de comprobarse que las denuncias presentadas están debidamente sustentadas. 

Sin embargo, la ley también precisa que quienes formulen denuncias de manera maliciosa serán sancionados con una multa no mayor de cinco UIT (S/.18,000).

Al sustentar la propuesta, el congresista Edgard Reymundo destacó su importancia en la lucha contra la corrupción.

Según la ley, las denuncias deberán estar debidamente sustentadas e identificar a los autores de los sucesos irregulares.

La institución encargada de revisar las denuncias será la Contraloría General de la República, la que también derivará a otras instituciones administrativas que tengan competencia en la materia objeto de la denuncia.

La ley también precisa que la Contraloría, o  la entidad encargada de investigar los hechos denunciados, mantendrá en reserva la identidad de sus autores, a quienes se les asignará un código de identificación.

Asimismo, la norma establece una reducción a la sanción administrativa, en caso de que el denunciante sea copartícipe de los hechos denunciados.

La Ley de Protección al Denunciante forma parte del paquete de proyectos de iniciativas legales  presentados en el informe de la comisión encargada del control, seguimiento y evaluación al Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, el cual fue aprobado por el Pleno del Congreso.

La congresista Rosa Florián fue la encargada de sustentarla ante la representación nacional.

EL DATO

Petrotech.  El Pleno desaprobó el informe final de la venta de acciones de Petrotech, en relación con los contratos que celebró con el Estado, que halló responsabilidad penal en ex ministros y funcionarios del MINEM.

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