Por Federico Salazar
El congresista oficialista José Vargas es un declarado defensor de la
universidad Alas Peruanas. Hasta ahora, sostiene, no se ha demostrado
ningún delito a las autoridades de esa casa de estudios.
Este defensor, sin embargo, no actúa de manera desinteresada. Ha
recibido de Alas Peruanas una dádiva. Obtuvo de ésta pasajes a
Finlandia, en primera clase, para él y su esposa.
La embajada de Finlandia hizo al congresista una “invitación”. Ésta
no incluía el pasaje aéreo. Tal era el interés por conocer la realidad
de Finlandia, que se agradeció la providencial y repentina aparición del
financista.
Se trataba, suponemos, de un viaje críticamente importante para la
realización de las tareas congresales de José Vargas. Necesitaba un
auspiciador y ahí estaba, con rápidos reflejos, la universidad de
marras.
Alas Peruanas, suponemos, dedica los fondos que obtiene de sus
alumnos al estudio y la investigación. De ahí, suponemos, la imperiosa
necesidad de pagar los pasajes de un congresista y su esposa.
Dice el congresista aprista que investigar ahora a esa universidad es
una medida “persecutoria y arbitraria”. No quiere, como es obvio,
investigar a la universidad que le regaló los pasajes.
El congresista merece un aplauso por su consecuencia. El problema es
que todos los peruanos le pagamos para fiscalizar, pero él se niega.
¿A quién obedecer? Al electorado, que me paga todos los meses, o a la
universidad, que me paga mis pasajes para estudiar a Finlandia?
Sostiene Vargas que no ha cometido una infracción constitucional.
Dice que la dicha universidad no es una organización criminal.
Habrá que ver. Habrá que ver en qué terminan las querellas contra Alas Peruanas. Nunca lo averiguaremos a través del Congreso, porque ahí sus defensores viajan en primera.
¿Es ésta la forma de operar de los congresistas apristas? Tenemos
derecho a preguntarle al Presidente si ésa es la noción de la función
pública de su gobierno y su partido.
Estoy seguro de que el presidente García rechazará este tipo de
aprovechamiento personal de la función pública. ¿O es que debemos
esperar de los congresistas traficar con beneficios y regalos hasta en
tanto no representen infracción constitucional?
¿Y si Coca-Cola o el Banco de Crédito pagaran pasajes a congresistas y
sus esposas? Sería un escándalo y una vergüenza.
Es, pues, un escándalo y una vergüenza que Alas Peruanas pague por tener defensores en el Congreso. Y que éstos acepten, con impunidad, desparpajo y sin vergüenza.
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